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Antecedentes de la cesión del contrato de BiciMAD a EMT

BiciMad, el sistema de bicicleta pública de Madrid, comienza a operar el 23 de junio de 2014. Sin embargo, la historia de este servicio comienza a gestarse 5 años antes, en 2009, precisamente en el seno de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.
 
Los sistemas de bicicleta pública llevaban funcionando en España desde el año 2002 pero el éxito y la aceptación de “Bicing” en Barcelona, el mayor sistema puesto en marcha hasta el momento, llevaron al Ayuntamiento de Madrid a estudiar la implantación de un proyecto similar.
 
Para llevarlo a cabo, se encargó a EMT el estudio de viabilidad del sistema y el 30 de diciembre de 2009 salió a licitación el sistema de bicicleta pública de la ciudad, denominado MyBici. El sistema era idéntico a BiciMAD: 1.600 bicicletas con 120 estaciones distribuidas en los distritos Centro, Chamberí y Salamanca, en su primera fase. El contrato ascendía a 51.4 millones de euros con una duración de 10 años; es decir, el Ayuntamiento tenía planeado gastar 5,14 millones de euros anuales en un nuevo sistema de bicicleta pública. Finalmente el proyecto Mybici se abandonó por razones presupuestarias.
 
En 2013, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por la sucesora de Ruiz Gallardón, Ana Botella, vuelve a licitar el sistema de bicicleta pública.
 
El servicio forma parte de uno de los lotes del Contrato Integral de Movilidad de la ciudad de Madrid y sus características técnicas estaban basadas en la licitación anterior: 1.580 bicicletas, 120 estaciones distribuidas en los distritos Centro, Chamberí, Salamanca y Arganzuela.
Sin embargo, la licitación contiene una significativa reducción presupuestaria: 27,6 millones de euros con una duración de 12 años de duración e incluyendo adicionalmente la gestión de las vallas móviles de la ciudad (las vallas azules utilizadas en eventos, cortes de tráfico, etc.)
Apenas 4 años después, la dotación presupuestaria destinada al servicio de bicicleta pública se reduce a 2 millones de euros anuales, es decir, a un tercio del coste inicialmente previsto. En esta ocasión no se respaldó la licitación con estudios técnicos que avalaran la cuantía económica.
 
A esta concesión se presentaron únicamente dos empresas, frente a las nueve que habían ofertado en 2009, debido a la consideración de que el contrato nacía infradotado presupuestariamente. Las grandes empresas de bicicleta pública a nivel mundial no presentaron oferta en esta ocasión.
 
El Ayuntamiento de Madrid adjudica el concurso a Bonopark, una pequeña empresa navarra sin apenas experiencia en sistemas de esta magnitud. El precio de adjudicación es aún más bajo, apenas 20 millones de euros e incluye una novedad: una flota de bicicletas 100% eléctrica.
 
BiciMAD nace en junio de 2014 con un contrato infradotado presupuestariamente, gestionado por una empresa de nueva creación y que, además, ofrece una mejora que incrementa los costes del servicio.
 
El arranque de BiciMad, a pesar de sus numerosos problemas técnicos, tuvo gran aceptación por parte de la ciudadanía. En 2015 se realiza la primera ampliación, llegando a 2.028 bicicletas y a 144 estaciones.
 
A principios de ese año, Bonopark ya había comenzado a sufrir las consecuencias de la falta de presupuesto para gestionar el servicio y, en repetidas ocasiones, trasladó esta circunstancia al Ayuntamiento de Madrid.
 
Estos problemas económicos se materializan en evidentes problemas en el servicio, a nivel técnico, de disponibilidad y de operación, especialmente relevantes en la época estival en la que se produce la mayor demanda del servicio. Esta situación lleva a la ciudadanía a exigir, a través de diferentes canales, que el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento, en manos de Ahora Madrid, solucione los múltiples problemas de Bicimad. Bonopark, por su parte, exige el reequilibrio de la concesión, es decir, que el Ayuntamiento inyecte más dinero en el servicio. 
 
Tras estudiar las opciones para conseguir que el servicio vuelva a funciona correctamente, se descarta la opción de reequilibrar la concesión a Bonopark debido a la falta de garantías de que la inyección de dinero público (unos 8 millones de euros) consiguiera reflotar el sistema.
Uno de los principales problemas para evaluar otras opciones es que el contrato firmado establecía claramente que las patentes de los anclajes de BiciMAD era propiedad exclusiva de Bonopark y, por lo tanto, no eran transferibles en ningún caso al Ayuntamiento. Cualquier solución no pactada conllevaba la sustitución de todos los anclajes de las estaciones y bicicletas, acción valorada en no menos de dos millones de euros.
 
Tras descartar opciones, como el secuestro o el rescate de la concesión, que paralizarían el servicio durante meses, se decide estudiar la vía de la cesión del contrato entre empresas. Este procedimiento es muy habitual en la administración pública y se realiza de oficio siempre que la empresa a la que se cede cumpla las condiciones iniciales de los pliegos.
 
EMT realiza durante el año 2016 un completo y profundo estudio del servicio, desde varias ópticas que van desde la parte económica-financiera hasta la tecnológica o la de recursos humanos.  En mayo de 2016 se firma un contrato privado entre EMT de Madrid y Bonopark para la cesión del servicio y se eleva al Ayuntamiento para que autorice dicha cesión.
 
Este acuerdo entre EMT y Bonopark tiene varios puntos de relevancia. El primero, el precio acordado de transmisión, fijado en 10,5 millones de euros. En este importe se pagan las inversiones realizadas por Bonopark y no amortizadas, es decir, las bicicletas en stock (tras un exhaustivo inventario), las bases, las furgonetas, el taller, etc. pero también se valoran intangibles como la penetración del sistema en la ciudad, las licencias para el uso de las patentes o las bases de datos.
 
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Finalmente, con la firma del contrato, Bonopark renuncia expresamente a cualquier reclamación judicial contra el Ayuntamiento de Madrid y se compromete a realizar una serie de mejoras tecnológicas en el sistema (valoradas en unos 600.000€) y a descontar los saldos de los usuarios, cuyo valor asciende a casi 1 millón de € a favor de EMT. La cantidad finalmente pagada fue de algo más de 9,5 millones de euros.
 
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